Acta Proceso CAS N°08-2015

Resolución sobre el posicionamiento de la Comisión Ejecutiva federal de FSC-CCOO ante los tratados de libre comercio CETA-TISA-TTIP A lo largo de los últimos años, la Unión Europea se ha centrado en consolidar y establecer un mercado único de servicios. En el año 2004 La Comisión elaboró una propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, publicada el 13 de enero de 2004, conocida como Directiva “Bolkenstein” (Directiva 2006/123) que fue aprobada tras más de tres años de debates y que como es conocido, motivó una fuerte movilización sindical, de la que esta federación formó parte. Su redacción inicial optaba por un modelo contrario a los principios del Estado del bienestar que rigen la Unión Europea, entre otros los que postulan la calidad del empleo y la solidaridad entre las regiones europeas, dado que eliminaban la obligación de cumplir la normativa del Estado receptor del servicio. Finalmente esta cláusula no se impuso y los servicios de interés general se excluyeron de la norma. Esta directiva se traspuso al ordenamiento jurídico español a través de la ley Omnibus o de la Ley de Economía Sostenible impulsadas por el anterior Gobierno y que el actual, está profundizando, alterándose con ello aspectos clave de las garantías que la directiva recoge sobre determinados servicios de interés general. Esta situación se ve agravada con las decisiones que se están adoptando en la Unión Europea bajo el pretexto de la pretendida finalización de las normas para establecer un Mercado Interior Renovado en el seno de la UE. La Federación de Servicios a la Ciudadanía, en relación a los tres tratados de libre comercio e inversión que se están negociando entre la Comisión Europea y Canadá,(CETA), entre la Comisión Europea y Estados Unidos (TTIP) y entre estos dos últimos y 23 países más (TISA), acuerdo multilateral de comercio de servicios, considera que : todos ellos amenazan con liberalizar y privatizar una gran parte de los servicios públicos básicos para el mantenimiento del Estado del bienestar, al entender que éstos son un bien comercial, lo que supone una vuelta de tuerca más al proceso de comercialización de nuestros servicios públicos: sanidad, educación, agua, transportes, distribución de energía, comercio digital, medio ambiente, etc. Es un peligro real para los servicios públicos y puede también implicar, además, una mayor liberalización de los mercados financieros en el caso del TISA. Dichos acuerdos se han negociado, CETA, y están negociándose simultáneamente, TISA-TTIP, con total opacidad y falta de transparencia, al margen de los agentes sociales, de los partidos políticos europeos, a los que se les deniega el acceso a la información, cuando en las reuniones preparatorias a las negociaciones, se ha escuchado a más de de 119 organizaciones corporativas . Además, gran parte del conocimiento de los documentos que ahora tenemos se debe a filtraciones realizadas a través de los medios de comunicación.

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A este respecto, la defensora del pueblo europeo, ha pedido una comisión de investigación parlamentaria para conocer el detalle de las negociaciones secretas. Según el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea “todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte”, con lo que se está vulnerando un derecho de la ciudadanía: el derecho al acceso a la información. Uno de los elementos claves y más peligrosos de estos acuerdos sería el llamado Mecanismo de Resolución de Disputas Inversor-Estado (ISDS) y que estarán presentes en los tres acuerdos. Este mecanismo otorgaría a las multinacionales la capacidad de cuestionar la soberanía de los Estados, dando el mismo tratamiento a empresas extranjeras que a nacionales, basándose en el principio de no discriminación, permitiendo que las posibles disputas entre inversor-Estado sean resueltas al margen de los tribunales internacionales existentes, con lo que estaríamos hablando del pleno sometimiento de nuestros sistemas jurídicos y de nuestra soberanía a los intereses económicos de las grandes corporaciones. El sistema para decidir qué se liberaliza y que no, es por medio de “listas negativas”, esto es, todo aquello no incluido explícitamente en las listas de exclusión es objeto de liberalización. Estados Unidos incumple normativas como el derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente y, en particular pero no exclusivamente, en los Estados en los que se ha decretado el “derecho a trabajar” sin “protección sindical” Asimismo, se podrían volver a abrir al mercado servicios excluidos de la contratación pública, en particular el servicio del agua, con la dificultad de renacionalizar un servicio si éste se entrega a corporaciones, por medio de otra cláusula que impediría que volviese a manos de los Estados. Por lo anteriormente descrito, entre otras razones, desde la FSC de CCOO hacemos un llamamiento en el siguiente sentido: 1. Mostrar nuestro rechazo a los tratados de libre comercio y liberalización por las repercusiones negativas que éstos podrían ocasionar a los servicios públicos y por las formas en la que éstos tratados están siendo negociados, de espaldas a la ciudadanía y negando elementos importantísimos como son la transparencia y la participación ciudadana. 2. Consideramos oportuno que nuestra Confederación Sindical de Comisiones Obreras, una vez que ésta ya ha iniciado los trabajos al respecto, impulse la coordinación de las federaciones afectadas por los tratados mediante la puesta en marcha de un grupo ad hoc, o la opción que estime más conveniente, y que éstas trasladen a las federaciones europeas e internacionales de las que forman parte nuestro posicionamiento en relación a los tratados.

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3. Que se ponga en valor que los servicios públicos básicos son garantes para el Estado del bienestar y conforman nuestro estado social y de derecho y por ello, no pueden ser un bien comercial al servicio de las grandes multinacionales 4. De igual modo consideramos necesario hacer de la defensa de los servicios públicos un elemento de primer orden en la acción sindical y política de CCOO y por ello creemos necesario que el conjunto de las federaciones se vinculen a la campaña por la defensa de los Servicios Públicos que ha puesto en marcha la confederación. 5. Que se vele para que los acuerdos que negocia la Unión Europea no vulneren los principios recogidos en la Carta Social de Derechos Fundamentales y, por lo tanto, se sometan a los procesos de transparencia y control establecidos en el Tratado Fundamental de la Unión Europea. En Madrid, a 29 de octubre del 2014

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